- Pestigiosa periodista ramense que colaboraró hasta hace unos meses en el Diario NCO cubriendo las marchas contra los edificios ilegales, nos escribe sobre la importancia de una oficina Anticorrupción en La Matanza.
U$S 30.000 por cada piso construido de más se calcula
- Que se efectúen las denuncias ante la justicia de hechos que, como consecuencia de las investigaciones que realiza, pudieran constituir delitos. En dichos procesos, cuando se encuentre afectado el patrimonio del Estado, la OA tiene competencia para constituirse en parte querellante.
- Para que la Oficina Anticorrupción (OA), conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, represte a nuestra jurisdcción en diversos ámbitos internacionales vinculados con la lucha contra la corrupción. En el ejercicio de esa representación, desarrolla tareas en el contexto internacional, a través de la cooperación y el trabajo conjunto en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), organismos multilaterales, acuerdos bilaterales y foros internacionales.
- Para que se establezcan claramente el período de presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales 2008.
- Para que se haga conocer el LISTADO DE FUNCIONARIOS CUMPLIDORES E INCUMPLIDORES DE LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL INTEGRAL (ACTUALIZACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2008).
O sea, accionar para :
*La extradición, restitución de capitales y cooperación judicial internacional.
*Denunciar y accionar sobre el enriquecimiento ilícito, lavado de activos y recuperación del producto de la corrupción, para devolverlo al pueblo en obras.
*Armonización regional del tratamiento penal de la corrupción.
*Declaración de bienes y conflicto de intereses.
*Participación ciudadana en el combate contra la corrupción. Todos nuestros derechos son amenazados o vulnerados por la corrupción, dado que ella significa la negación del estado social y democrático de derecho: la corrupciónentroniza la ilegalidad, favorece el autoritarismo y enerva la justicia social. Todo lo cual se traduce, políticamente, en el quebranto de la legitimidad institucional y, económicamente, en la obstrucción del desarrollo de los pueblos. Combatir la corrupción en nuestros Distritos –de acuerdo con lo expuesto- implica, sobre todo, restituir el imperio de la legalidad, promover la participación ciudadana en las decisiones de interés público y fomentar la justicia social, factores idóneos para relegitimar la institucionalidad de nuestros municipios e impulsar su desarrollo económico yhumano.