La propietaria del registro civil de Villa Luzuriaga impidió que los empelados ingresen a las oficinas a retirar sus pertenencias ya que le adeudan cinco meses de alquiler. Se vivió un momento de tensión, cuando la policía la quiso llevar detenida. “Solo reclamo lo que es mío”, manifestó.
El Registro Provincial de las Personas de la localidad de Villa Luzuriaga se encuentra en la calle Garibaldi 2.700. La propiedad corresponde a Inés Rodríguez, que le alquila las oficinas al organismo estatal y no cobra el alquiler desde hace varios meses, razón por la cual impidió el acceso al lugar a los empleados que ahí trabajan.
“Ellos alquilaron otro local y hoy quisieron entrar para llevarse las cosas, pero yo no voy a permitir que las saquen si no me pagan lo que me deben”, explicó a El1 Digital la locadora.
Según contó, el contrato está vencido desde noviembre y no le abonaron los últimos cinco meses de alquiler. “Siempre fue irregular el tema de los pagos, una vez estuvieron un año sin hacerlo, me prometen plata pero nunca llega”, señaló.
Hoy, se vivió una situación de tensión cuando la policía llegó al lugar y quiso detener a la propietaria, por no permitir que empleados ingresan a retirar sus pertenencias. “Me querían llevar esposada y yo no estoy de acuerdo porque no hice las cosas mal, solo estoy peleando por lo que es mío”, manifestó indignada.
Así, con las puertas cerradas y un cartel que reza “oficina clausurada”, el organismo sigue sin funcionar y la gente que se acerca al lugar a realizar trámites no sabe a dónde recurrir. Tampoco hay nadie que se lo indique.
Mi vecino, el Intendente
Si bien el conflicto es con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Inés buscó ayuda del intendente de La Matanza Fernando Espinoza, quien además es su vecino, ya que vive a una cuadra de su casa y del local en cuestión.
La mujer se acercó a la vivienda de Espinoza y lo esperó para plantearle su delicada situación, con la expectativa de que el Intendente pudiera mediar en el conflicto.
Pero la actitud del Jefe Comunal fue otra. La dueña del local en el que funciona el Registro Civil contó al periódico S!C: “Me dijo que no podía hacer nada, que la solución está en Provincia y que él solo puede actuar a nivel municipal. Unos días después quiso enviarme dinero a través de una secretaria, pero yo no quiero limosnas, quiero lo que me pertenece. Yo esperaba que por lo menos intente realizar un llamado”.