La Defensoría del Pueblo de La Matanza sale a jugar la interna partidaria del radicalismo
La Defensoría del Pueblo de La Matanza ubicó en una de las dos listas que presentó la UCR, —Lista 136 (La Matanza)— al defensor adjunto José Mira como candidato a concejal (en el primer lugar) generando revuelo en el FPCyS.
El órgano unipersonal e independiente, con autonomía funcional, administrativa y autárquica financiera que se desarrolla dentro de la órbita municipal de La Matanza, sale a jugar una interna partidaria.
El mismo sábado, fue denunciada en la Justicia Electoral para que dicha lista no este encabezada por los diputados Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín.
La ley 13.834 (Figura del Defensor del Pueblo de la Provincia) establece las incompatibilidades en su artículo 4°. El ejercicio del cargo de Defensor del Pueblo es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, con excepción de la docencia. Tampoco puede tener actividad política partidaria y/o gremial. Dentro de los diez (10) días subsiguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión del cargo deberá cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo, presumiéndose, en caso contrario, que no lo acepta. Si la incompatibilidad fuera sobreviniente a la toma de posesión del cargo, debe optar en el plazo de cinco (5) días, caso contrario cesará en el de Defensor.
Tiendo en cuenta que tiene como misión, sin perjuicio de presentar la denuncia de hechos delictuales, efectuar recomendaciones a los funcionarios, propone la modificación de normas legales, formula rcríticas y hacer pública su labor a través de informes, se espera una pronta respuesta.
Hay que tener en cuenta que el Defensor del Pueblo cesará por alguna de las siguientes causas: por actuar en forma indecorosa o con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones o deberes del cargo y por haber incurrido en alguna de las situaciones de incompatibilidades previstas en esta Ley.
A los adjuntos les serán de aplicación en lo pertinente, lo previsto en los artículos 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la presente Ley.
Un poco de historia
Mientras en el FPCyS señalan que Lista 136 sería apoyada por el jefe comunal —por su afinidad con la radical K Silvia Graciela Caprino, quien logró la re-reelección en su cargo en diciembre—, por hechos del pasado sortearon la Defensoría del Pueblo de la Provincia para denunciar la postulación de Mira en la Justicia Electoral. Un artículo periodístico de La Politica Online del 2 de marzo de 2010 cuenta la historia:
El Defensor del Pueblo de la provincia es un cargo repleto de polémica, desde que fue instituido en 1994 con la reforma de la constitución de la provincia, pero ahora pareció llegar al extremo del bochorno institucional.
Como explicó LPO en reiteradas ocasiones, ese cargo se mantuvo vacante durante 14 años y recién el 9 de diciembre pasado fue reglamentado por una ley aprobada en la Legislatura bonaerense, que además eligió para el cargo al entonces diputado provincial del oficialismo, Carlos Bonicatto.
Ahora, cuando Bonicatto se disponía a iniciar sus funciones, ya recibió una impugnación de parte de un juez, el platense Luis Federico Arias, que cuestiona la manera en la que el ex diputado se quedará con un cargo que, como establece la ley aprobada en diciembre, tendrá un presupuesto anual no menor al 1 por ciento del Presupuesto de la provincia, lo que representa que sus partidas pueden fluctuar entre los 65 y los 100 millones de pesos anuales.
Arias explicó a LPO que la designación del ex diputado viola el artículo 89 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que establece que “Ningún miembro del Poder Legislativo, durante su mandato, ni aún renunciando su cargo, podrá ser nombrado para desempeñar empleo alguno rentado que haya sido creado o cuyos emolumentos se hayan aumentado durante el período legal de la Legislatura en que haya actuado, ni ser parte en contrato alguno que resulte de una ley sancionada durante su período”.
Si bien Bonicatto explicó a La Política Online que la denuncia “no tiene asidero judicial”, ya que el cargo fue creado en 1994, cuando se reformó la constitución provincial y no cuando él se desempeñaba en la Cámara baja bonaerense hasta el 10 de diciembre pasado, según el juez en diciembre se fijó la remuneración que tendrá el Defensor (igual a la de un senador), que es lo que la constitución prohíbe.
“Es un escándalo institucional”, calificó Arias ante LPO a la designación de Bonicatto. Incluso cargó contra el Defensor Adjunto, el radical Enrique Honores, que según el juez “no tiene habilidad moral porque la Junta Electoral le dio vuelta la elección por fraude electoral”, en referencia a los comicios legislativos del año pasado.
En esa ocasión, el ex senador fue acusado de fraude en el Partido de la Costa, perteneciente a la quinta sección electoral de la provincia, por su rival en las internas radicales, Carlos Fernández.
Por otra parte, en las próximas horas, Bonicatto será denunciado penalmente por Arias (en conjunto con una ONG) por corrupción. Según el juez, el diputado obtuvo el consenso necesario para que la Cámara baja aprobara su designación tras ofrecer a todos los bloques cargos en las secretarías del Defensor. El magistrado dijo a este medio que eso viola lo dispuesto en la Convención de la ONU contra la corrupción y representa un delito de parte de Bonicatto.
Lo que comenzó a llamar la atención en los pasillos de la Legislatura bonaerense fue la inacción de la UCR, pero ésta justamente se explica por la designación de Honores, salida de un acuerdo con el oficialismo (entre el senador radical Jesús Porrúa y el vicegobernador Alberto Balestrini).
Es que como anticipó LPO a fines del año pasado, la UCR acordó con el sciolismo en diciembre, no sólo para colocar a Enrique Honores como Defensor adjunto, sino para votar a favor del Presupuesto 2010 enviado por Daniel Scioli, entre otras normas impulsadas por el Ejecutivo bonaerense.