La magistrada Delma Cabrera, del Juzgado Civil y Comercial 9 de San Isidro, dio lugar a la medida cautelar solicitada por la Fundación Pro-Tigre, que alega que la desarrolladora inmobiliaria EIDICO no efectuó los estudios de impacto ambiental y arqueológico en terrenos donde se edifican los barrios privados San Benito y San Rafael, en las inmediaciones de Punta Querandi. Las obras de la empresa continúan ya que será notificada formalmente en estos días. Pro-Tigre dejó abierta la posibilidad de hacer extensiva la medida cautelar a otros emprendimientos.
El sitio sagrado querandí -ubicado en el paraje rural de Punta Canal (Tigre)- sirvió de voz de alerta por la destrucción del patrimonio natural y cultural bonaerense por acción de las desarrolladoras de barrios privados, situación que cometen sin ningún control de las autoridades ambientales y arqueológicas desde los 90'. En agosto un dictamen de la Defensoría del Pueblo de la Nación se centró en el impacto arqueológico, ahora una nueva resolución -mucho más contundente- focaliza sobre el impacto ambiental.
Con fecha de 11 de noviembre, el Adjunto Primero del Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, exhortó a los municipios de Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando a sólo autorizar de emprendimientos residenciales, industriales o agropecuarios en humedales cuando su necesidad se encuentre fundada en imperiosas razones de estricto interés público y no existan opciones menos perjudiciales. Además pidió realizar un estricto control en el cumplimiento de la exigencia legal de Estudio de Impacto Ambiental, para los emprendimientos urbanísticos o industriales en las zonas continentales vecinas al Delta del río Paraná. Por último, reiteró a las munipalidades las exhortaciones de la resolución 100/10 emitida en agosto donde se les pide a los municipios que informen a través de todos los medios de comunicación local el listado de las Evaluaciones de Impacto Ambiental presentadas para su aprobación y la dependencia en la que los interesados puedan acceder a las Declaraciones de Impacto Ambiental.
Así mismo también se los exhortó a que adopten el procedimiento de Audiencia Pública para la recepción y evacuación de observaciones respecto de la Evaluación de Impacto Urbanístico, Socioeconómico y Físicoambiental, para todos aquellos emprendimientos de envergadura.
La actuación se inició en marzo por una solicitud de integrantes del Movimiento en Defensa de la Pacha que reclama por el sitio sagrado de Punta Querandí, un predio público con restos arqueológicos que es reivindicado por organizaciones indígenas, vecinos y pobladores del Gran Buenos Aires. En el lugar la empresa EIDICO quiere ampliar los dominios del Complejo Villa Nueva, un megaemprendimiento de 850 hectáreas y 11 barrios náuticos construidos sobre tierras inundables del humedal del Delta del río Paraná.
A partir de esta problemática, la Defensoría amplió su investigación al conjunto del Delta, motivo por el cual se pidieron informes a las municipalidades de Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando. Sin respuesta de los gobiernos, el organismo nacional emitió la resolución 100/10 que exhorta a adoptar medidas para preservar sitios arqueológicos. La indiferencia demostrada por las municipalidades ante esta resolución "obliga al Defensor del Pueblo a la adopción de una actitud preventiva en la búsqueda de asegurar la plena observancia de las normas tutelares del patrimonio natural", expresó el organismo en el nuevo dictamen.
Horacio Esber, director de derechos sociales de la Defensoría del Pueblo de la Nación, explicó a Indymedia que si bien la resolución no es de cumplimiento directo, sirve a la población como fundamento para pedirle a la justicia una medida cautelar para frenar un emprendimiento que los afecte. "Para un juez va a ser mucho más fácil dar curso a la demanda", confió el funcionario, quien agregó que el dictamen se refiere a la región interior del Delta pero tiene incidencia en otras regiones del país donde existan humedales.