Ramos Mejía Trucha

Señor Predidente del HCD

• Desde hace más de 3 años y medio la construcción ilegal e indiscriminada de Edificios de viviendas multifamiliares (y oficinas) se manifiesta ante los ojos impotentes de los vecinos de Ramos Mejía.
  

Nos preguntamos:

¿Se han creado espacios verdes y arbolado urbano, escuelas, vías de transito ligero, vías de emergencia, espacios de recreación y juego, lugares de creación cultural y otras demandas vitales como salud, provisión de alimentos frescos, previsión de la contaminación auditiva, visual, etc.? Todo en función de todas las edificaciones ya concluidas.

¿Se ha desarrollado la normativa inherente a este fenómeno?, ¿Se previeron las obras de infraestructura de servicios necesarios?, ¿Y el espacio vital de cada ciudadano, incluido el de los niños?... Sin duda nada de eso, el Municipio solo se limita a la recaudación del importante incremento de los impuestos por manzana y derechos de construcción. Dejando prácticamente librado el resto a una entropía ciudadana, lo que no está lejos del caos ciudadano. Sospechoso descuido si entendemos que gracias a este, se están realizando negocios millonarios.

No estamos en contra del progreso pero que respeten las características de cada barrio, sin llegar a vedar las modificaciones que normalmente pretende realizar cada propietario dentro de su vivienda, cumpliendo siempre con la normativa existente legal.

Un crecimiento sin tener en cuenta al Ambiente, hace más corta la vida del hombre, y el daño al Ambiente genera perjuicios a su salud, como ser la propagación de enfermedades. El crecimiento es bueno, e incluso es considerado como un requisito para una política Ambiental de éxito, pero teniendo al vecino como centro de las preocupaciones por parte del Municipio de La Matanza.

La problemática actual no surge de una planificación, sino surge de una especulación constructora e inmobiliaria, que están cercando a los barrios de casas bajas con la construcción de viviendas Multifamiliares y oficinas (trampa para meter más departamnetos en una parcela), atentando contra la fisonomía de los barrios, y su patrimonio histórico y cultural.

No hay evaluaciones de impacto ambiental serias, dado que es imposible que se hayan otorgado tantos permisos en Ramos Mejía en tan poco tiempo, sin tener en cuenta a la población residente, es decir al vecino.

El impacto ambiental de las nuevas construcciones es desastroso; se derrumban casas típicas con jardines para levantar edificios de 3, 4 y 5 pisos en 2 bloques separados por 4 mts. Ubicando en una parcela donde vivían 4 vecinos para alojar entre 50 a 80 personas, perjudicando a las construcciones bajas existentes, tapando el sol, invadiendo la privacidad, y desde ya generando problemas en la infraestructura de servicios, ya sea primero la escasez y luego colapso de servicios públicos esenciales como ser agua, cloacas, el sistema pluvial, luz, gas, problemas de saneamiento ambiental dada especialmente con la generación de mayores cantidades de residuos, el deterioro del suelo, mayor circulación de vehículos que ocasionaría mayor polución ambiental y contaminación visual y sonora, todo ello afectando la calidad de vida de los residentes porteños.

No es terrorismo urbano, defender nuestro hábitat, y desde ya quién otorgue estos permisos debe responder judicialmente por los daños y perjuicios que se pudiesen ocasionar.

Aprovaron la ley que limita la altura de los edifios en Caballito, en su momento los jueces se pronunciaron a favor del vecino, ahora le toca a La Matanza.

No soy arquitecto, soy abogado, y creo que se hace necesario un serio debate para analizar como debe ser nuestro barrio, con audiencias públicas vinculantes, donde puedan participar los inversionistas, las cámaras constructoras e inmobiliarias, los concejales, las autoridades del Municipio y desde ya fundamentalmente quienes vivimos en este barrio, es decir sus vecinos.

Sólo se puede concientizar a los concejales si participan junto a los vecinos en los foros de discusión vecinal, con participación de ONGs y asociaciones civiles, que aglutinen los pedidos de los vecinos, y así los representantes se hagan eco de las necesidades de sus representados.

Las autoridades deben impulsar y endurecer la fiscalización y control de las obras, y sancionar con importes pecuniariamente importantes a aquellas constructoras que se aparten de las leyes, mientan o adulteren los estudios ambientales presentados, para evitar daños ambientales posteriores, dado que cuando se produce un daño es muy difícil volver las cosas al estado anterior.

El Municipio debe regular los intereses del vecino y el de los inversores, para que no se superpongan entre sí, afectando seriamente a una de las partes. La preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico, y de la calidad visual y sonora, la regulación de los usos del suelo, la localización de las construcciones, las condiciones de habitabilidad y seguridad de todo espacio urbano, sea este público o privado, entre otros tópicos.

Estas políticas constituyen los ejes del Derecho de Desarrollo Sustentable, es decir el económico, el sociocultural y el ecológico o Ambiental. El Derecho de Desarrollo Sustentable significa satisfacer nuestras necesidades presentes pero sin comprometer a las generaciones futuras.

Nestor B.

"Volante repartido en las marchas"