El secretario de Control Comunal habló con S!C sobre su procesamiento. Reconoció ser el dueño de UPC RRHH, una panadería -hoy a nombre de su hermana-, y una empresa papelera. Dijo estar “tranquilo”, pero advirtió que si el tema se hacía público, dejaría su función.
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| Francisco Gabriel Stillatano. Duró 32 días en el área. |
Francisco Gabriel Stillitano promete una entrevista para S!C, pero la suspende con la excusa de estar atareado de trabajo. Sin embargo, abre las puertas de su oficina dos días después, con el escritorio cubierto por expedientes y empleadas que entran y salen del lugar.
Tiene una sonrisa constante, la misma que mantuvo durante todo el acto de asunción al frente de la oficina más cuestionada del Municipio. Pide que no lo graben, no quiere tampoco fotos ni filmación. Propone entonces una charla abierta en la que pueda explayarse sobre cualquier consulta.
Su primer intento de aclaración apunta a decir que no fue una larga lista de empleados despedidos la que surgió luego de las expulsiones de Alberto Olmos, Daniel Espósito y Verónica Salvadores. Francisco Stillitano reconoce que en Control Comunal hay castigados -aunque prefiere no llamarlos así-, y detalla: “Los tengo adentro, no están castigados. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Quiero comprobar hechos. Hasta que yo no compruebo las cosas, no quiero echar a nadie”.
El funcionario reconoce que habló con los inspectores, y justificó la medida de no permitirles realizar inspecciones asegurando que de esta manera puede “preservarlos”.
“Las (personas) que tengo dudas, no están saliendo a trabajar. Las dudas las tengo por lo que dice la gente, lo que pasa es que yo vine de otro sector, si bien soy matancero estudié en el colegio Almafuerte, me conoce todo el mundo, vengo del gremio de los panaderos”, sostiene.
“Lo que tengo de bueno es que soy profesional en seguridad, a la noche estoy saliendo yo a hacer los operativos”, dice el funcionario y asegura haber salido en persona a realizar operativos nocturnos: “Clausuré lugares que considero no podían funcionar”, reconoce, reafirmando de esta manera que las inspecciones que se venían realizando carecían de rigurosidad y, en algunos casos, hasta daban lugar a cualquier suspicacia.
El procesamiento
Cuando a Francisco Stillitano se le menciona la causa N° 27.094, su rostro cambia por completo. Se lo nota nervioso, defensivo, y lleva presurosamente un dedo a la boca mordiéndose las cutículas, acción que repite cada vez que escucha una pregunta.
“Lo que paso ahí es que me quisieron pedir una coima y no acepté. Me pidió plata, lo denuncie, y la persona para salvar su pellejo denunció que nosotros hicimos algo que no correspondía”, las palabras salen a borbotones, rápidas, como una coartada no estudiada.
Y antes de cualquier consulta sobre la investigación que derivó en su procesamiento, advierte: “Si ponés eso yo voy a renunciar, te lo digo con toda franqueza”.
-Usted fue procesado y embargado, insiste S!C
-Es algo habitual en esos casos, estamos esperando el juicio. Insisto, si vos me ponés eso, yo renuncio.
La sonrisa ya no aparece como expresión común. No quiere hablar del tema, ni quiere explicar si le parece, o no, como mínimo falto de ética haber aceptado un cargo en la función pública teniendo una sentencia en primera instancia sobre su espalda: “Yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. No le di importancia, porque estoy tranquilo con lo que soy. Vengo de familia de laburantes el único error que cometí es no ceder ante la presión de esta persona que en su momento me puso un fierro arriba de la mesa y me asusté mucho”.
Francisco Stillitano se refiere a Jorge Abelardo Fernández, el subcomisario que dio inicio a la causa luego de denunciar la situación.
-Pero si usted es inocente ¿por qué la Justicia dice lo contrario?
-Porque él es el denunciante. Me trajo muchos problemas, sin embargo yo seguí adelante y seguí trabajando. Yo denuncié la situación ante sus superiores, no ante la Justicia.
-¿Y cómo justifica ese supuesto error?
-A mí me dio miedo y lo denuncié con su superior. Este superior quiso dejarlo en las oficinas y esa persona se asustó y me denunció.
El procesamiento y embargo de Francisco Stillitano fue apelado por sus abogados. Sin embargo, el funcionario municipal dice desconocer esa situación. En principio niega la apelación, pero luego rectifica: “La apelación la habrán hecho los abogados, es posible, yo de Leyes entiendo muy poquito, yo entiendo de seguridad”, tambalea en su aclaración “UPC (silencio)… Es mi empresa: funcionaba en mi domicilio particular”, reconoce Stillitano y amplía: “Yo tengo una panadería y está a nombre de mi hermana y una papelera (NdeR: Expediente Nº 6443/2009, imprenta)”. De ese modo también desmiente ser dueño de una tercera empresa que se presentó en la licitación. “Yo presenté por la mía”, aclara, y ratifica que el domicilio es Brandsen 4031 (su padre vive en un piso superior), mientras que al 4033 tiene sus oficinas, y también reconoce como su propiedad la situada en Brandsen 4035.
“En el 2007 conocí a una persona que me contrató para hacer este trabajo (el subcomisario Silvio Omar Piorno). Lo conocí a través de una actividad solidaria, llevando alimentos a escuelas rurales”, dice el secretario de Control Comunal y parece arrepentirse de haberlo conocido. “Fue el primero y último trabajo que hice para el Estado”, afirma, a pesar de que en la causa figura la declaración de un testigo en la que Stillitano habría afirmado: “Trabajitos como este, hice muchos”.