Hoy dictan veredicto en el juicio a arquitecto por la muerte de albañil que trabajaba en obra de Ramos Mejía
El imputado de estrago culposo seguido de muerte es un constructor que tiene varias obras a su cargo en la actualidad en esa localidad, donde un grupo de vecinos vienen denunciando irregularidades en las edificaciones y en lo concerniente a la falta de medidas de seguridad.
El imputado de estrago culposo seguido de muerte es un constructor que tiene varias obras a su cargo en la actualidad en esa localidad, donde un grupo de vecinos vienen denunciando irregularidades en las edificaciones y en lo concerniente a la falta de medidas de seguridad.
Villa Luzuriaga. América 2113, arquitecto Reinaldo Alen
La Fiscalía mantuvo la acusación, pidió una pena mínima y que el constructor asista a un curso intensivo de perfeccionamiento. En tanto, la querella solicitó una condena de 5 años, el máximo estipulado para esta calificación.
Este viernes al mediodía, en el Juzgado Correccional Nº 1 de La Matanza, ubicado en el tercer piso del edificio de las calles Almafuerte y Mendoza de San Justo, se dará lectura al veredicto en el juicio al arquitecto Reinaldo Fabián Alen, acusado de estrago culposo seguido de la muerte del albañil Cristian Daniel Contreras, de 17 años, ocurrida cuando este profesional dirigía el proyecto de demolición de una vieja casa en la que trabajaba la joven víctima.
Cristian Daniel Contreras tenía 17 años, estaba trabajando en la demolición de esa vivienda sobre la calle Constitución y Lartigau, en la localidad de Ramos Mejía, cuando el 8 de enero de 2008 murió al derrumbarse la losa y quedar bajo los escombros. Esta obra, según se pudo constatar por las investigaciones, no tenía “ningún papel en regla”, no contaba con habilitación municipal, tampoco existiría constancia de la relación laboral contractual de la víctima y del otro obrero que también se encontraba allí.
Según manifestó a NCO el abogado querellante de la familia Contreras, Alejandro Bois, durante el juicio que se desarrolló esta semana se “corroboró la acusación” contra el arquitecto Alen, por lo que el fiscal a cargo del juicio Marcelo Sansone pidió al Juzgado que se le aplique la pena de un año y medio de cárcel, al tiempo que requirió que se ordene al constructor a realizar un curso intensivo para perfeccionarse en su carrera, como parte de la ejecución de esa condena. Así como también que se notifique acerca de este proceso al Colegio de Arquitectos para que aplique las sanciones correspondientes.
En cuanto al pedido de la querella, representada por Bois, planteó una condena de 5 años de prisión, que es el máximo estipulado para esta calificación de estrago culposo seguido de muerte.
El letrado explicó que a través de las audiencias de debate se pudo corroborar que la obra no contaba con las mínimas reglas de seguridad y de higiene de trabajo cuando en el mes de enero de 2008 se desencadenó la tragedia. “Tenía falencias básicas, andaban sin andamios ni arneses, ni línea de vida, debían trabajar saltando”, indicó, y agregó que los empleados “estaban todos en negro, porque la obra no estaba ni siquiera denunciada; no estaba declarada en la municipalidad”.
Acerca de estos aspecto, en su confesión frente al Juzgado el arquitecto alegó que consideraba que esas medidas de seguridad “no eran necesarias”, y que él “estaba tranquilo con su conciencia”.
Gran parte de la estrategia defensiva de Alen se basó en que había delegado su responsabilidad en una persona que cumplía la función de capataz, el cual era uno de sus empleados de extrema confianza. Sin embargo, Bois replicó las obligaciones del arquitecrto “son indelegables”.
Una tragedia con “consecuencias directas”
Un día recordado por el agobiante calor, en horas del mediodía en la obra situada en Constitución y Lartigau de Ramos Mejía, el cuerpo de Contreras quedó atrapado bajo los escombros, que debieron ser removidos por el personal de Bomberos Voluntarios de Ramos Mejía, quienes acudieron al lugar alertados por los vecinos.
La investigación corrió por cuenta de la UFI Nº 4, ante la cual el otro obrero, mayor de edad, que también trabajaba en la demolición, declaró que el joven se encontraba picando una columna lo cual provocó el desmembramiento del piso, y al intentar saltar la losa lo aplastó.
Ni bien ocurrió el trágico incidente, la Fiscalía solicitó la aprensión del arquitecto Reinaldo Fabián Alen, que dirigía el proyecto de demolición de esa vieja casa para construir allí, según había comentado una vecina, un dúplex. Al siguiente día, ordenó su detención el juez Gustavo Banco para que preventivamente culminaran las pericias necesarias sin que el profesional pudiera tener acceso al sitio.
Pero una vez terminadas las tareas periciales, y por la calificación de la causa de “estrago culposo seguida de muerte” es un delito excarcelable, además de no poseer antecedentes penales, es que Alen recuperó prontamente la libertad ante un pedido de excarcelación presentado por su abogado defensor. No obstante, el arquitecto siguió procesado hasta ahora que se realizó el juicio.
Acerca de la carátula del caso, la fiscal Córdoba informó a NCO en ese entonces que se trata de “estrago doloso” porque el acusado “no arbitró los medios necesarios” para que la obra se realizara de una manera legal. En este sentido, puntualizó que según verificaron no había presentado el correspondiente permiso de demolición de la Municipalidad. Además, tampoco los planos; no hay constancia de seguro ni ART de los obreros. Con el único documento con el que contaba en la pesquisa era un contrato de trabajo del dueño del inmueble con el arquitecto.
También en ese momento fue consultada al respecto por este medio, la subsecretaria de Control Comunal Verónica Salvadores, quien afirmó que como “la obra estaba escondida, era imposible que tomara conocimiento la Municipalidad” con anterioridad a lo sucedido.
El abogado Bois comparó este hecho como “un pequeño Cromagnon”, porque “acá no es sólo el incumplimiento de las normas, no fue una fatalidad, sino que tiene consecuencias directas, y que en este caso llegaron a la muerte de una persona”.
Asimismo quiso destacar que fue una “cadena de responsabilidades” lo que derivó en el fallecimiento del joven, porque por un lado “se quiso ahorrar en los materiales y dinero para la habilitación” y se da la situación de “la poca capacidad de poder de policía de los inspectores con los que cuenta el municipio; hay una ausencia de controles; tampoco estuvo el Ministerio de Trabajo inspeccionando. Si cada uno hubiese hecho lo que debía en su momento, hoy lo tendríamos a Cristian con vida”, advirtió.
Por último, el representante legal auguró que el fallo al que se arribe “siente un precedente para una mayor presencia del Estado, y se terminen de manejar estas cosas donde prima la lógica del dinero”.
Diario NCO
http://diarionco.com/news/?p=56160
Este viernes al mediodía, en el Juzgado Correccional Nº 1 de La Matanza, ubicado en el tercer piso del edificio de las calles Almafuerte y Mendoza de San Justo, se dará lectura al veredicto en el juicio al arquitecto Reinaldo Fabián Alen, acusado de estrago culposo seguido de la muerte del albañil Cristian Daniel Contreras, de 17 años, ocurrida cuando este profesional dirigía el proyecto de demolición de una vieja casa en la que trabajaba la joven víctima.
Cristian Daniel Contreras tenía 17 años, estaba trabajando en la demolición de esa vivienda sobre la calle Constitución y Lartigau, en la localidad de Ramos Mejía, cuando el 8 de enero de 2008 murió al derrumbarse la losa y quedar bajo los escombros. Esta obra, según se pudo constatar por las investigaciones, no tenía “ningún papel en regla”, no contaba con habilitación municipal, tampoco existiría constancia de la relación laboral contractual de la víctima y del otro obrero que también se encontraba allí.
Según manifestó a NCO el abogado querellante de la familia Contreras, Alejandro Bois, durante el juicio que se desarrolló esta semana se “corroboró la acusación” contra el arquitecto Alen, por lo que el fiscal a cargo del juicio Marcelo Sansone pidió al Juzgado que se le aplique la pena de un año y medio de cárcel, al tiempo que requirió que se ordene al constructor a realizar un curso intensivo para perfeccionarse en su carrera, como parte de la ejecución de esa condena. Así como también que se notifique acerca de este proceso al Colegio de Arquitectos para que aplique las sanciones correspondientes.
En cuanto al pedido de la querella, representada por Bois, planteó una condena de 5 años de prisión, que es el máximo estipulado para esta calificación de estrago culposo seguido de muerte.
El letrado explicó que a través de las audiencias de debate se pudo corroborar que la obra no contaba con las mínimas reglas de seguridad y de higiene de trabajo cuando en el mes de enero de 2008 se desencadenó la tragedia. “Tenía falencias básicas, andaban sin andamios ni arneses, ni línea de vida, debían trabajar saltando”, indicó, y agregó que los empleados “estaban todos en negro, porque la obra no estaba ni siquiera denunciada; no estaba declarada en la municipalidad”.
Acerca de estos aspecto, en su confesión frente al Juzgado el arquitecto alegó que consideraba que esas medidas de seguridad “no eran necesarias”, y que él “estaba tranquilo con su conciencia”.
Gran parte de la estrategia defensiva de Alen se basó en que había delegado su responsabilidad en una persona que cumplía la función de capataz, el cual era uno de sus empleados de extrema confianza. Sin embargo, Bois replicó las obligaciones del arquitecrto “son indelegables”.
Una tragedia con “consecuencias directas”
Un día recordado por el agobiante calor, en horas del mediodía en la obra situada en Constitución y Lartigau de Ramos Mejía, el cuerpo de Contreras quedó atrapado bajo los escombros, que debieron ser removidos por el personal de Bomberos Voluntarios de Ramos Mejía, quienes acudieron al lugar alertados por los vecinos.
La investigación corrió por cuenta de la UFI Nº 4, ante la cual el otro obrero, mayor de edad, que también trabajaba en la demolición, declaró que el joven se encontraba picando una columna lo cual provocó el desmembramiento del piso, y al intentar saltar la losa lo aplastó.
Ni bien ocurrió el trágico incidente, la Fiscalía solicitó la aprensión del arquitecto Reinaldo Fabián Alen, que dirigía el proyecto de demolición de esa vieja casa para construir allí, según había comentado una vecina, un dúplex. Al siguiente día, ordenó su detención el juez Gustavo Banco para que preventivamente culminaran las pericias necesarias sin que el profesional pudiera tener acceso al sitio.
Pero una vez terminadas las tareas periciales, y por la calificación de la causa de “estrago culposo seguida de muerte” es un delito excarcelable, además de no poseer antecedentes penales, es que Alen recuperó prontamente la libertad ante un pedido de excarcelación presentado por su abogado defensor. No obstante, el arquitecto siguió procesado hasta ahora que se realizó el juicio.
Acerca de la carátula del caso, la fiscal Córdoba informó a NCO en ese entonces que se trata de “estrago doloso” porque el acusado “no arbitró los medios necesarios” para que la obra se realizara de una manera legal. En este sentido, puntualizó que según verificaron no había presentado el correspondiente permiso de demolición de la Municipalidad. Además, tampoco los planos; no hay constancia de seguro ni ART de los obreros. Con el único documento con el que contaba en la pesquisa era un contrato de trabajo del dueño del inmueble con el arquitecto.
También en ese momento fue consultada al respecto por este medio, la subsecretaria de Control Comunal Verónica Salvadores, quien afirmó que como “la obra estaba escondida, era imposible que tomara conocimiento la Municipalidad” con anterioridad a lo sucedido.
El abogado Bois comparó este hecho como “un pequeño Cromagnon”, porque “acá no es sólo el incumplimiento de las normas, no fue una fatalidad, sino que tiene consecuencias directas, y que en este caso llegaron a la muerte de una persona”.
Asimismo quiso destacar que fue una “cadena de responsabilidades” lo que derivó en el fallecimiento del joven, porque por un lado “se quiso ahorrar en los materiales y dinero para la habilitación” y se da la situación de “la poca capacidad de poder de policía de los inspectores con los que cuenta el municipio; hay una ausencia de controles; tampoco estuvo el Ministerio de Trabajo inspeccionando. Si cada uno hubiese hecho lo que debía en su momento, hoy lo tendríamos a Cristian con vida”, advirtió.
Por último, el representante legal auguró que el fallo al que se arribe “siente un precedente para una mayor presencia del Estado, y se terminen de manejar estas cosas donde prima la lógica del dinero”.
Diario NCO
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