viernes, octubre 03, 2008

Renunció una funcionaria por el conflicto de edificios
La salida de la titular de Inspección Comunal, el malestar generalizado y una nueva protesta vecinal, agrava el conflicto por la edificación en La Matanza.

Obra ilegal sita en Urquiza 354

La conflictividad social desatada por un vetusto código de edificación provocó una profunda crisis en las áreas de Inspección Comunal y Obras Particulares del municipio de La Matanza. El crecimiento de la construcción en el distrito, combinado con las desactualizadas normativas urbanas, generaron una avalancha de reclamos contra el municipio que, incluso, llegaron a la Justicia.

El desgaste en esa pata de la gestión derivó esta semana en la renuncia de una funcionaria del intendente Fernando Espinoza. María Ester Balcedo, hasta esta semana titular de la cartera de Inspección Comunal, abandonó su cargo y se refugió en un cargo menor en la provincia de Buenos Aires, bajo el ala del vicegobernador Alberto Balestrini.

El área esta acéfala y el reemplanzante de Balcedo es aún una incógnita. Se habla del ex concejal Hugo “Cacho” Suárez, que todavía conserva su puesto en el Congreso Nacional, al cual arribó con la llegada de Balestrini a la Cámara de Diputados en 2005. Pero también suena el nombre de Verónica Salvadores, segunda de Balcedo en Inspección Comunal. Salvadores, ex funcionaria del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tendría un perfil diferente respecto de Balcedo e incluso de Suárez, ambos provenientes de la militancia peronista de base.
Los coletazos de la crisis también llagan a la Dirección de Obras Particulares, a cargo de Walter Fernández. A los fuertes reclamos de los Vecinos de Ramos Mejía que denuncian la indiscriminada construcción de edificaciones de altura fuera de las normas, se suma ahora el descontento de Centro de Técnicos local, que agrupa a constructores y maestros mayores de obra.
“Hay un gran malestar por la lentitud en la expedición de los expedientes”, señalan los técnicos, ya que según explican “no se entregan los planos correspondientes a los expedientes iniciados en carácter de subsistencia de obra”, una acción que “incumple ordenanzas establecidas” y que genera “un gran prejuicio económico” para el sector. Además explican que la actual normativa de edificación “está repleta de incongruencias”.
El conflicto no se agota: vecinos de Ramos Mejía (muchos de ellos que iniciaron acciones judiciales afectados por la construcción) que aseguran ser excluidos de la discusión para la confección de un nuevo código urbano, se manifestarán esta tarde frente al edificio del municipal descentralizado para reclamar participar en la confección del nuevo régimen.
24con.com