sábado, noviembre 09, 2013

Una Defensoría sin defensa

Comenzó la campaña para lograr que la defensora del Pueblo, Silvia Caprino, remodele la entrada de la entidad que maneja con el fin de crear un acceso que cumpla con las condiciones de seguridad para el acceso de las personas con capacidad reducida. Y cumpla con las leyes que amparan a las personas con capacidades diferentes. 




La Defensoría del Pueblo de La Matanza, ubicada en Yrigoyen 2661 —San Justo—, carece de un acceso adecuado para recibir a las personas con movilidad reducida que deseen acercarse a la entidad para formular algún tipo de denuncia o consulta. 

La entrada de la misma cuenta con un escalón de por lo menos 30 centímetros de alto, presentando de esta manera un obstáculo más para toda aquella persona que vive —ya sea de manera momentánea o permanente— con algún tipo de capacidad diferente. 

Cabe aclarar que la lucha por la integración social es acompañada por distintas leyes nacionales y provinciales, además de diversos tratados internacionales que exigen a todo organismo público, entre otros, a ofrecer un acceso que cumpla con las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria y sin restricciones. 

Pero el organismo local manejado, desde su creación en el año 2004, por Silvia Caprino muestra, desde hace 9 años, que desconoce los derechos de las personas con capacidades diferentes y, por ende, viola de manera sistemática las leyes que protegen a las mismas. 

Esta situación provoca una doble victimización hacia un sector de la población que desea formular alguna denuncia y que encuentra dificultad de ingreso en ese edificio público que debería contener y defender a la comunidad. 

Desde este espacio comunicacional comenzamos una campaña para que la ombudsman local entienda que debe cumplir con la ley y es su deber remodelar la entrada de la Defensoría del Pueblo local y construir una rampa que permita el libre acceso de la población sin discrimi-nación alguna. 

Para denunciar esta situación dirigirse a la Defensoría del Pueblo de La Nación. Teléfono: 0810-333-3762.