La Matanza Avanza y desconoce límites. El Registro Civil de Villa Luzuriaga funciona en un local como "ocupa"...
El convenio de locación venció en noviembre de 2011 y no fue renovado. Pero las actividades continúan con normalidad y sin señales de que la Delegación vaya a ser trasladada próximamente. Su dueña pidió que desalojen el lugar, pero no tuvo respuesta del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Okupas
El Registro Civil de Villa Luzuriaga se encuentra en el centro de una insólita polémica. Funciona en un local a pesar de que el contrato de locación está vencido y sus dueñas dejaron de percibir el alquiler por parte del Go-bierno de la provincia de Buenos Aires.
El contrato por el local de Garibaldi al 2700, finalizó el 30 de noviembre de 2011, de modo que el depósito mensual que se realizaba en el Banco Provincia a nombre de Enelda González e Inés Rodríguez (madre e hija respectivamente), dueñas del local, fue suspendido.
“Nos explicaron que el contrato no se renovaba porque mi local es chico para la cantidad de personas que se acercan a realizar trámites, pero en ningún momento nos dijeron cuándo se iban. Hoy están usurpando”, contó Rodríguez.
Sin embargo las actividades del Registro Civil se realizan normalmente de lunes a viernes, sin señales de que la Delegación vaya a ser trasladada próximamente.
La tardanza en desalojar el local de Garibaldi al 2700, se debería a que aún no se cerraron las negociaciones para el alquiler de la que sería la nue-va sede del Registro Civil de Villa Luzuriaga.
“Sé por experiencia que una vez que lleguen a un acuerdo, los trámites pueden tardar hasta ocho meses, así que yo puedo tenerlos acá un año, sin cobrar y sin poder alquilar mi local para tener ese ingreso”, señaló la dueña del local.
El Registro Civil funciona allí hace 27 años, y en la actualidad el monto del alquiler es de 1400 pesos. Una vez finalizado el acuerdo, una de las posibilidades que le ofrecieron a Inés, fue la de renovar el contrato para que pueda seguir cobrando, y una vez que se trasladara el Registro, el mismo debía ser rescindido.
Pero una vez llegado el 30 de noviembre de 2011, ese arreglo no se llevó a cabo y, sin contrato, no hay pago de alquiler. Rodríguez contó que en oportunidades anteriores, el pago fue suspendido hasta un lapso de doce meses. “Después de un año, el Gobierno de la Provincia nos depositaba todo el dinero junto”, explicó la mujer.
Pero ante la inexistencia de un contrato, esa posibilidad es descartada por la mujer. “Llamé cientos de veces buscando una respuesta y no hubo ninguna. Sé que no me van a renovar el contrato, y yo estoy de acuerdo, pero se tienen que ir”, exigió Rodríguez.
Sin recursos
Inés y su familia atraviesan una complicada situación económica y social. Y si bien tiene intenciones de iniciar un juicio de desalojo, no tiene los re-cursos para accionar legalmente y no cuenta con el asesoramiento de un abogado.
La mujer es viuda y además de sus tres hijos, tiene a cargo a su madre de 85 años que padece demencia senil. “Sobrevivimos con la jubilación de mi mamá y de mi pensión. Realmente necesitamos la plata del alquiler y es lo que nos corresponde. Mis padres trabajaron mucho para tener ese local y no es justo que tengamos que pasar por esto”, reclamó.
La Dirección Provincial del Registro de las Personas cuenta con una Dirección de Delegaciones de la cual se desprenden dos departamentos; uno de Inspección y Control, y otro de Administración. Para Inés, los funcionarios del Gobierno provincial “juegan” con su situación.“Lamentablemente yo no tuve la posibilidad de estudiar y hay muchas cosas que no entiendo. Se abusan de mi ignorancia”, expresó la mujer.
Mi vecino, el Intendente
Si bien el conflicto es con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Inés buscó ayuda del intendente de La Matanza Fernando Espinoza, quien además es su vecino, ya que vive a una cuadra de su casa y del local en cuestión.
La mujer se acercó a la vivienda de Espinoza y lo esperó para plantearle su delicada situación, con la expectativa de que el Intendente pudiera mediar en el conflicto.
Pero la actitud del Jefe Comunal fue otra. La dueña del local en el que funciona el Registro Civil contó al periódico S!C: “Me dijo que no podía hacer nada, que la solución está en Provincia y que él solo puede actuar a nivel municipal. Unos días después quiso enviarme dinero a través de una secretaria, pero yo no quiero limosnas, quiero lo que me pertenece. Yo esperaba que por lo menos intente realizar un llamado”.