Se trata de la Secretaría de Planificación Operativa y Control Urbano creada junto a la Subsecretaría y la Dirección General de Control Urbano en enero de 2006 por decreto. Son los eslabones claves para la recaudación municipal.
Guerra fría en Control Comunal
Uno de sus principales operadores es Daniel Espósito, exinspector de la Ciudad de Buenos Aires, deportado tras el incendio en Cromañón. Luego de los cambios en el Gabinete Municipal, hay un sector del peronismo que lo quiere expulsar de la Comuna. El funcionario carga con una mochila repleta de sospechas.
En diciembre último, el intendente Fernando Espinoza metió manos en su Gabinete con la idea de “contener” a sectores peronistas rebeldes, pero hubo estamentos intocables y blindados, que en los últimos años se convirtieron en una pieza fundamental de recaudación.
La oficina encargada de Control Urbano está ahora en la mira de reciclados funcionarios que quieren expulsar a Daniel Espósito, uno de sus máximos cerebros, convertido en Talón de Aquiles de la gestión municipal. Un escalón más arriba aparece la Secretaría de Planificación Operativa y Control Comunal, a cargo de Alberto Jesús Olmos. Mientras que se cruza entre ambas áreas la Subsecretaría que encabeza Verónica Natalhie Salvadores, otra funcionaria importada de la Ciudad de Buenos Aires tras la tragedia del boliche de Once.
El intendente Fernando Espinoza no amagó a tocar esas oficinas, pero el nuevo escenario político arrastró otras ideas. Desde el Ejecutivo municipal, son Miguel Bampini (secretario de Gobierno) y Luis Rolando Lata (jefe de Gabinete), quienes quieren ver afuera a Daniel Espósito. Empero la movida encontró una amenaza: si lo echan podría irse también su esposa -y “mimada” del intendente-, Verónica Salvadores.
En el Concejo Deliberante los aires también hablan de intentos de cambios. Fuentes del legislativo dejaron trascender la idea de Verónica Magario de modificar el área que conduce el exconcejal Alberto Olmos, y varias reuniones con concejales de la oposición la llevaron a reforzar sus teorías. Es que los manejos en las tres áreas intocables del Municipio vienen siendo seguidos de cerca por una parte de la gestión comunal.
Las constantes trabas burocráticas para el ingreso de nuevas industrias al Distrito, los incómodos trámites para declarar obras pequeñas, y los últimos escándalos por denuncias de supuestas coimas y reclamos vecinales hacen un cóctel ideal para un recambio obligado al que no le faltarían argumentos.
El “casino” trucho
Una denuncia televisiva sobre el funcionamiento de un “casino” ilegal en el local nocturno Caín, de Ramos Mejía, provocó el año último un cimbronazo en el Municipio, aunque puertas adentro nada habría cambiado, ni en nombres, ni en metodología.
En el informe se mostró que en el entrepiso de Caín Pool, funcionaban ruletas, aunque a 20 metros de allí podían hacerse apuestas más fuertes en Caín Resto Bar, otro local del mismo dueño, donde funcionaban mesas de poker. Los frentistas -que no quisieron dar sus nombres por temor- aseguraron que esto ocurría al menos desde el 2007.
Todo en un marco de ilegalidad que, según los testimonios, involucraba a comisarios, fuerzas especiales de la Policía e inspectores municipales. “Tenés que hablar con un contacto, no vas a ir a arreglar con el Intendente, siempre el contacto, un inspector que tiene conocimiento”, se pudo escuchar a quien estaba a cargo del local mientras se refería a las negociaciones que debía realizar con el Municipio.
La investigación periodística derivó en la clausura de Caín Pool tras una inspección que estuvo a cargo de Daniel Díaz pero la misma fue por irregularidades menores encontradas en el comercio, ya que las máquinas no estaban y el resto bar no abrió más después del informe. El dueño, tiempo después, fue detenido durante cinco días al encontrarse en un allanamiento realizado en su domicilio particular, situado frente al Pool, material relativo al juego (Ver “Las nuevas obras en Caín”).
En febrero de 2011, por orden del gobernador Daniel Scioli, el ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal le pidió la renuncia a 15 comisarios generales de la cúpula de la Policía Bonaerense. Entre los nombres de los desplazados estaba José Antonio Raggio (Superintendente de Seguridad de Zona Oeste), quien había quedado relacionado a aquel informe televisivo.
En diciembre último, el intendente Fernando Espinoza sorprendió cuando designó a Raggio al frente de la Secretaría de Protección Ciudadana, un órgano que -entre otras tareas- se encarga de comandar la Patrulla Municipal.
Cobrador a domicilio
Otro informe televisivo demostró, el año último, el supuesto cobro de coimas a los boliches de Ramos Mejía. En un seguimiento que duró ocho meses, se pudo observar a un inspector municipal realizando un recorrido nocturno por diversos locales de esa ciudad. En muchos casos, la operación se realizaba en la vía pública, previa comunicación con el dueño y/o encargado del lugar.
En esta oportunidad quedó escrachado el inspector Eduardo “El Colorado” Rodríguez, un empleado que terminó como “perejil” por realizar las tareas que habrían sido encargadas por sus superiores. Es que este empleado se encontraba “castigado” desde hacía varios años por otra denuncia periodística, y realizar esta nueva tarea era su oportunidad para salir otra vez a la calle.
Durante lo que duró el seguimiento, al inspector se lo pudo ver en Caín Bar (Rivadavia 14.680) hablando con el dueño del lugar César Pérez. Luego, el empresario reconocería ser quien aparecía en la cámara oculta. Según Pérez, pagaba $500 por semana por no tener habilitación para funcionar como local bailable y le pedían 15 mil pesos para tener la habilitación definitiva.
Al inspector municipal se lo pudo ver también visitando Locomondo Bar (Necochea 23), Antoniette Resto Bar Club (Alem 475), Bombai Bar (que ya cerró, estaba ubicado en Av. Rivadavia 14.496), La Loca Resto Bar Disco Dance (ahora se llama Denver Bar en Av. Rivadavia 14.232), Santino Resto Bar (Güemes 151), DUBAI Resto Bar Lounge (Vicente López 90) y Mr. Jones Pub (Saavedra 399).
El dueño de uno de los bares de la zona, reveló que mantuvo una reunión en la que le exigían cifras siderales por la habilitación definitiva del local. De ese encuentro habrían participado Alberto Olmos y Daniel Espósito.
En otra reunión habría estado Walter Ariel Fernández, un exdirector de Obras Particulares del Municipio que pasó a ser coordinador de la Dirección General de Control Urbano, después del derrumbe de una obra en construcción en la calle Carlos Calvo 186 de Ramos Mejía.
Un día antes de la emisión del informe denominado “El Recaudador”, se presentó la denuncia penal en la Justicia. Tiempo después se aportó un DVD con todo el material obtenido en el trabajo de investigación.
Cabe aclarar que, en una reunión que se realizó el 10 de marzo de 2011 en la Región Municipal Descentralizada de Ramos, entre dueños de boliches de Ramos Mejía y autoridades municipales, los vecinos intentaron alertar a las autoridades sobre lo que sucedía en la nocturnidad pero les negaron participación. Se encontraban al frente la titular de la Región, Gina Di Nardo y el secretario Administrativo, Técnico y de Relaciones Internacionales de la Intendencia Claudio Lentini. La misma se realizó sin difusión y fue a puertas cerradas.
Control Comunal
Los objetivos de Control Comunal Se supone que la finalidad de esta Secretaría es “ejecutar y cumplir todas las tareas necesarias para el mantenimiento del orden comunal”, intervenir en cuestiones relativas a la gestión y otorgamiento de habilitaciones comerciales, velar por el cumplimiento de las leyes, ordenanzas, decretos y resoluciones conformes a su competencia. Ramos Mejía aparece entonces como botón de muestra de las serias irregularidades que diariamente pueden observarse a lo largo y ancho de La Matanza.
La venta ilegal en la vía pública, los reiterados reclamos por obras que infringen las normas, la infracción de ordenanzas y leyes provinciales en horarios nocturnos, el funcionamiento de empresas en zonas urbanas dañando el medio ambiente, y los ya clásicos remises, combis y colectivos irregulares que recorren el Distrito con el peligro latente de provocar accidentes, son solo algunas de las irregularidades a la vista.
Un área municipal que necesita una reestructuración tanto en nombres como en funcionamiento. Una Secretaría que se convierte, pese al silencio unánime puertas afuera, en un lugar clave de la gestión municipal. Tan importante en su tarea de control como de recaudación, tan sensible para cualquier Gobierno que quiera preciarse de transparente.
Quién es quién
Alberto Jesús Olmos: Fue concejal de La Matanza en el período 2005-2009. Se convirtió en el nuevo secretario de Planificación Operativa y Control Comunal el 30 de diciembre de 2009. Esta Secretaría se encontró acéfala por más de un año, desde que María Esther Balcedo -también concejal mandato cumplido (2001-2005)- presentó su renuncia al cargo después de un informe de la sección “Proteste Ya” de CQC, sobre los edificios ilegales de Ramos Mejía, en octubre de 2008. Un dato menor, Olmos había acompañado las ordenanzas 14.899/06 y 15.135/06 referidas a la construcción que tiempo después se confirmó que no estaban convalidadas por el PEP (Decreto provincial 214/07).
Cuando fue designado en el cargo, Olmos reconoció públicamente que se estaba poniendo al frente de la oficina “más caliente” del Municipio de La Matanza.
Daniel Ricardo Espósito: Está a cargo de la Dirección General de Control Urbano. Entre sus misiones y funciones está ejercer el Poder de Policía en materia de habilitaciones, transferencias, cambios de denominación, traslados, bajas y permisos de comercios e industrias. Fue despedido del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires luego del incendio del boliche Cromañón.
El grupo “1 segundo es demasiado”, amigo de “Callejeros”, le dedicó una dura canción titulada Sr. Spo (aunque en vivo la cantan como Señor Espósito).
Verónica Natalhie Salvadores: Es la esposa de Daniel Espósito y está a cargo de la Subsecretaría de Planificación Operativa y Control Comunal, bajo la órbita de Alberto Olmos. También fue empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la invitaron a renunciar tras el incendio en Cromañón.
Irregularidades que nadie ve
El 1 de diciembre de 2011, en la Dirección de Mesa de Entradas del Concejo Deliberante, bajo el expediente 1182/11, los frentistas de la Avenida Rivadavia y Maipú pidieron el cambio de zonificación de su barrio para que no se permitan bares, resto bares ni locales bailables en el lugar, como así también toda actividad que incluya la nocturnidad.
Locomondo Bar: Según su sitio de Internet, Locomondo es un bar. Pero se trata de un espacio donde tocan bandas, ocasionando ruidos molestos en toda la cuadra. Caín Resto Bar: Antes de ser clausurado funcionaba como disco, pese a no tener habilitación para esa actividad (expte. 12.849/07 – Bar con espectáculos). En el lugar se realizan ahora obras de remodelación para la apertura de un negocio del mismo rubro a pesar del reclamo vecinal. El mismo no tendría la habilitación en trámite.
Antoniette Resto Bar Club: En la misma cuadra en que está situado este local, se encuentra el Jardín de Infantes “El Principito”, y a pocos metros una escuela. De esta manera se infringen normas (ordenanza 14.218). Por otro lado, tampoco cumple con el tope horario de ingreso marcado por la Ley de Nocturnidad de la provincia de Buenos Aires. Si bien, Antoniette se anuncia en su página web como resto bar, funciona como una disco. En un video filmado en la puerta del local, se puede observar a los empleados explicar que el horario de ingreso es hasta las 5.30, cobrando una entrada de 50 pesos a los hombres.
DUBAI Resto Bar Lounge: Misma situación que Antoniette Resto Bar Club, ya que se encuentra a pocos metros, en Vicente López 90.
Santino Resto Bar: Mayra Zalazar solicitó la habilitación por excepción Ord. N° 14.218 (HCD N° 00001/10 Int. N° 13661/10) en el rubro “Bar, Restaurante c/espectáculo y baile) para Güemes 151/153, Ramos Mejía, pero si bien terminó como Proyecto de Resolución de archivo en la sesión legislativa del 2 de abril de 2011, el comercio funciona como local bailable según pudo verse en un informe televisivo.
Denuncia penal
La fiscalía mandó a desgrabar los comentarios del inspector denunciado. Entre los audios aportados en la Justicia, a los cuales S!C tuvo acceso, el inspector investigado ofrece a un comerciante (como uno de sus supuestos contactos) hablar con la esposa de un importante edil: “Ella habla, ella hace así, ya está”, le promete. También da detalles de una supuesta pelea entre Walter Ariel Fernández y Daniel Espósito -que se comentaba en el ambiente político- donde se habrían ido de manos al momento de un “reparto”. “Hay negocios de 100 lucas, 400 lucas, 600 lucas…”, se lo escuchó decir, a la vez que aseguraba haber presenciado peleas “por 100 pesos”. La fiscalía 8, a cargo de Alejandra Núñez, mandó a desgrabar esas charlas.
Las nuevas obras en Caín
Luego de la clausura del local denominado Caín Pool y el cierre de Caín Resto Bar, el antiguo dueño vendió el segundo de los comercios. Desde hace varios meses, en el lugar se realizan obras para la apertura de un nuevo negocio, y los vecinos están alerta ya que se trataría del mismo rubro.
Los reclamos fueron diversos
Un camión con parlantes (Bunker publicidad) que recorrió durante 14 horas la ciudad alertando sobre la situación hasta que un hombre lo interceptó en Belgrano al 1.100 y, mostrando una arma en su cintura, amenazó al chofer (la empresa realizó la denuncia en la comisaría 2da. de Ramos Mejía), diversos afiches pegados en los postes de servicios públicos y la difusión del reclamo mediante volantes arrojado bajo las puertas de los domicilios de la zona.
El 24 de noviembre último, presentaron un pedido de audiencia con el intendente Fernando Espinoza (expediente 16631/11) para informarle detalladamente lo que se pudo descubrir en los informes sobre Caín y ampliar la información. Se dejó una copia del DVD que se encuentra en la Fiscalía (24.677/11) pero no tuvieron respuesta alguna.
El 1 de diciembre último, en tanto, los frentistas de la calle Maipú y Avenida Rivadavia se presentaron en la Dirección de Mesa de Entradas del Concejo Deliberante bajo el expediente 1181/11, haciendo la denuncia sobre Caín y solicitando el pedido de cambio de zonificación para erradicar la nocturnidad de su barrio. También se dejó una copia del DVD.
A medidos de diciembre, como estaban trabajando en Caín Resto bar y no había cartel de obra reglamentario, trabajaban fuera de horario, y ocupaban la vereda con la descarga de material, los vecinos realizaron la denuncia telefónica a la Dirección de Fiscalización de Obra y Regulación Catastral. Si bien, a pesar de insistir, no pudieron ser atendidos por la titular del área, la arquitecta Edith Viani, dejaron su reclamo. Como no había respuesta, quisieron presentar la denuncia por escrito en la Región Municipal Descentralizada de Ramos Mejía.
El 22 de diciembre le retuvieron a un vecino la denuncia original y la copia, proponiéndole que pase al día siguiente. Cuando regresó, la respuesta fue que no podían tomarle la denuncia, firmada por más de 30 vecinos, y le devolvieron la documentación requerida el día anterior.
El 28 de diciembre, la denuncia fue recibida en el Municipio bajo el exp. 17.804/11 con la descripción: “Denuncia a la obra Av. Rivadavia 14.680, Ramos Mejía”. Pero, según los vecinos, la obra no fue inspeccionada o “no se hizo nada al respecto”.
El largo camino para denunciar
Los reclamos vecinales comenzaron en 1997, año en el que se realizó una reunión con el por entonces intendente interino Francisco Di Leva, sin resultado alguno.
En el año 2007 retomaron su reclamo, alarmados porque dicho local se ampliaba abriendo un resto bar (Avenida Rivadavia 14.680) a 30 metros del lugar con el mismo nombre de fantasía. En esa oportunidad recurrieron a la Delegación Municipal de Ramos Mejía (expediente 43.871), Municipio de La Matanza (expediente 19.031), Concejo Deliberante (expediente 410), Comisaría 2da. de Ramos Mejía (comisario José Luis Moreno), y la Defensoría del Pueblo de La Matanza (expediente 3.926). Los firmantes eran más de 50 vecinos de la zona.
Diez años esperando que se cumpla una resolución
Carmen Lujan Barreneche vive en González Catán, en una manzana irregular y no tiene libre acceso a su domicilio ya que la propiedad lindera sobresale cuatro metros y su vecino colocó aberturas sobre la medianera. Cuando las cámaras de televisión llegaron hasta la puerta de Control Comunal, ella quiso difundir su problemática que lleva 14 años (54030/97) pero se encontró con que el inspector escrachado era el mismo que había denunciado en 1997 por no tener la autoridad moral al “falsificar su firma en una de las inspecciones”, según dijo, que tuvo sobre su expediente y terminó amenazada durante la nota televisiva, razón por la que acudió a la justicia (25270/11).
Su situación empeoró después de ser invitada por el Canal para difundir su caso, ya que luego le dejaron en el buzón de su domicilio dos ataúdes de cartón teniendo que volver a la fiscalía 8 (22838/11). Ella denunciaba la participación de un edil de la zona -hoy mandato cumplido- en posible complot con Control Comunal. La resolución municipal sobre su caso (737/01) cumplió 10 (diez) años el 18 de diciembre pasado pero no se cumple a pesar de estar firme y consentida sin que exista razón alguna que impida su inmediata aplicación.