Finalmente, quedaron protegidos los edificios anteriores a 1941. El Ejecutivo porteño debe abstenerse de otorgar permisos de demolición para estas estas construcciones...
Unos 140.000 edificios porteños construidos antes de 1941 quedaron finalmente protegidos de eventuales demoliciones, luego de que el Gobierno porteño no apelara una medida judicial dictada la semana pasada.
De esta manera, cualquier particular o empresa que pretenda demoler o modificar alguna de esas construcciones deberá pedirle autorización a un Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que decidirá si la edificación tiene o no valor patrimonial.
Hasta el año pasado, este sistema era regulado por una ley que, año a año, iba prorrogando la Legislatura porteña. Sin embargo, en el último período legislativo el macrismo no impulsó una renovación de la norma, por lo cual los cerca de 140.000 edificios anteriores a 1941 que sobreviven en la Ciudad corrían riesgo de ser demolidos . De hecho, en los últimos cuatro años, cuando se sancionó la ley por primera vez, fueron presentados 5.242 pedidos de demolición de este tipo de construcciones, y 4.253 fueron autorizados.
Ante este panorama, seis asociaciones vecinales se presentaron ante la Justicia pidiendo la protección de los edificios: fueron Basta de Demoler, Fundación Ciudad, Proteger Barracas, SOS Caballito, Protocomuna Caballito y Salvemos Floresta, quienes pretendían evitar que la “especulación inmobiliaria” aprovechara las demoras en el tratamiento de la renovación de la ley.
La causa cayó en manos de Andrea Danas, jueza en lo contencioso administrativo de la Ciudad, quien firmó una medida precautelar que le ordenó al Ejecutivo porteño abstenerse de otorgar permisos de demolición para estas construcciones. El argumento es que la ley aún está siendo discutida por la Legislatura, y que hasta tanto ese debate no termine, los permisos de demolición podrían provocar un daño irreparable.
El Ejecutivo porteño, sin embargo, podía apelar la medida judicial, y así mantener abierta la discusión. Pero fuentes del Ministerio de Desarrollo Urbano confirmaron que se tomó la decisión política de no hacerlo, que el fallo quedara firme y que sea la Legislatura la que decida la cuestión.
Diario Clarín
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