El personal de salud de los Centros de Prevención de las Adicciones de La Matanza se reunió esta mañana frente a la sede del CPA de Ramos Mejía para manifestarse contra la inminente orden de desalojo que recae sobre el local. “El problema no somos nosotros sino los pacientes que se quedan sin este centro”, expresaron.
Desde hace varios meses los CPA de la Provincia se encuentran en plan de lucha. La complicada situación que atraviesan no varía mucho de distrito a distrito ya que la falta de inversión en los mismos es el núcleo del problema que afecta no solo a los trabajadores de los centros sino a los mismos pacientes.
Un nuevo episodio de este drama tuvo lugar en Necochea 325, la sede ramense. En diálogo con El1 Digital, Mónica Sarmiento, delegada interina provincial del CPA, explicó que si bien la orden de desalojo se extendió hasta el 31 de diciembre, la medida es inminente. “El problema es que nos transfieren a otros lugares que no garantizan la continuidad y la calidad de servicio porque no cumplen con las condiciones mínimas de atención”, puntualizó.
Al mismo tiempo, destacó que el eje del conflicto se debe a la política que llevan delante de “no pagar más alquileres sino anexar los CPA a lugares del Estado” y para ello, los trabajadores de los centros exigieron que haya un plan en el que se detalle cómo se van a llevar a cabo los traslados.
Sin embargo, el desalojo es solo uno de los problemas por los que los profesionales de la sede de Ramos Mejía vienen reclamando desde febrero de este año, ya que en varias ocasiones también se reunieron para manifestarse contra de la precarización laboral y el pago de sueldos y bonificaciones de varios compañeros.
“Nadie termina de hacerse cargo de nosotros y, en última instancia, a nosotros nos trasladan a otro lugar y listo pero los que resultan directamente afectados son los pacientes que pierden los tratamientos y principalmente un lugar donde atenderse”, concluyó.