La Gerencia de Urbanismo adjudica la demolición de una construcción ilegal
J. E. P./JAÉN
La Gerencia Municipal de Urbanismo ha adjudicado ya el contrato de demolición de una construcción ilegal sobre la que pesa una condena judicial firme que, además de imponer penas de prisión y multa al promotor, obliga a echar abajo lo que se ha levantado sin respetar las normas urbanísticas. Se trata de una nave que se usaba como almacén construida en la zona de La Mella. «Tirar esta es la primera. El resto de las sentencias que están emitiendo los juzgados aún no se han ejecutado», dicen las fuentes consultadas en la Gerencia. Hay al menos dos sentencias similares que están en proceso de ejecución en el Ayuntamiento.
Desde que se emite una sentencia que incluya demolición hasta que ésta se lleva efectivamente a cabo es necesario pasar por un largo proceso burocrático. La sentencia se notifica al condenado, que se suele resistir. El juzgado insiste a través de una ejecutoria. Si se vuelve a incumplir el juzgado lo pone en conocimiento de la administración local, que se encarga de la redacción de un proyecto de demolición, lo saca a licitación, lo adjudica, comprueba que se ha cumplido y lo notifica al juzgado. La nave ilegal de La Mella que se va a echar abajo en breve fue sentenciada en los tribunales hace ya más de un año y aún sigue en pie.
Gastos
En la Gerencia Municipal de Urbanismo indican que todos los trámites conllevan unos gastos que debe soportar la administración local (que luego se pasan vía judicial al condenado). Para animar a los ayuntamientos a que se embarquen en estos procedimientos la Junta de Andalucía ha habilitado en sus presupuestos de 2007 un fondo de 6 millones de euros para adelantar a los consistorios dinero para demoliciones.
Tanto los juzgados de lo Penal como la Audiencia Provincial llevan aproximadamente un año acordando demoliciones. Hay ya una docena de condenas que afectan a naves y chalés de las inmediaciones de la capital que la decretan, y el Fiscal la pide por sistema si hay delito contra la ordenación del territorio. La tesis que ampara una medida tan drástica es que eliminar lo construido al margen de la ley es la única manera de reparar el mal causado al interés común, en este caso a la Naturaleza.
El aluvión de condenas en las que se acuerda tirar la obra ilegal no ha hecho sino empezar. En los últimos 22 meses el Seprona de la Guardia Civil ha detectado más de 150 construcciones ilegales en 23 municipios de la provincia, imputando a 172 personas. La mayoría son naves y casas aisladas. Pero también 25 parcelaciones que corresponden a urbanizaciones irregulares. Cuando lleguen a juicio se les pedirá demolición.
Muchas, aún habiéndola acordado los tribunales, se salvarán gracias a los nuevos planes generales de ordenación urbana, como las del Pilar de la Dehesa.