La trágica explosión de la fábrica de aerosoles en Virrey del Pino
La letrada denunció en la emisión radial de NCO, “Desde la Redacción” una serie de “irregularidades cometidas en la causa y una absoluta desidia para investigar a los funcionarios implicados y de la patronal”.
La causa, a un año y siete meses de ocurrido el hecho, “se encuentra a la espera de la elevación a juicio y en estos momentos está en Cámara”, explicó.
Asimismo agregó que “la última fiscal que intervino en la causa, Mariana Sogio de la UFI Criminal y Correccional Nro. 6 del Departamento Judicial de La Matanza, elevó el hecho por estrago doloso, porque fue una consecuencia de una negligencia por parte de los empresarios y de los funcionarios, que no cumplieron con las condiciones mínimas de seguridad”.
También aseguró que los testimonios de los trabajadores, familiares y vecinos ex trabajadores “describieron las condiciones infrahumanas en las que se trabajaba en la fábrica”.
“Los empleados eran sometidos a largas jornadas de trabajo en negro, que podían durar un día y medio, sin las protecciones mínimas y en contacto directo con elementos de alto grado de toxicidad”, detalló.
Además remarcó que la fabrica “no había sido habilitada” y que las condiciones eléctricas “fallaban, no había detectores ni matafuegos”.
La abogada recordó que las pericia realizadas por los Bomberos aseguraron que “la explosión se debió a una perdida de gas butano, en la sala de llenado y que por el contacto con fricción de un metal con otro, o por una chispa ocasionada por algún problema eléctrico, pudo haber desatado la explosión por la pérdida de gas".
Pese a este dato “desde el comienzo se trató de dirigir la investigación, con el armado de prueba por parte de la defensa del empresario y funcionarios, hacia uno de los trabajadores muertos, culpando a éste de encender un cigarrillo”.
Más tarde subrayó que “el empresario Anibal Zon, dueño junto a Waisman de la fábrica, sabía perfectamente cuáles eran las condiciones mínimas para garantizar la vida de estas personas y surge de la causa que estaban perfectamente asesorados y avisados de los desperfectos y problemas. Sin embargo, también surge de la causa que en vez de interrumpir la producción, continuaba con la misma”.
Tacari sostuvo que “denunciamos las irregularidades del hecho. No hay mucho ánimo por parte de la justicia de investigar. Parece no importarle y además, a nosotros nos dan pocas posibilidades de aportar material probatorio”.
Al finalizar criticó que la causa “este en Cámara desde junio y demoran demasiado tiempo. Exceden los tiempos normales, pero nosotros seguiremos luchando porque hay pruebas de que la fabrica no estaba habilitada, y que desde la Secretaria de Medio Ambiente no presentaron el certificado de impacto ambiental”.
Al finalizar remarcó que se reúnen con los familiares de las víctimas “para exigir que se haga justicia, que haya juicio oral, que se condene a los empresarios y que se investigue a los funcionarios. Es la única manera de que estos hechos no se vuelvan a repetir”.
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